Urge el consenso

El periodo democrático en España comenzaba con una Ley de Educación (LGE) que se aprobaría en el año 1970 y que estuvo vigente hasta 1980; año, en el que UCD quiso implantar una nueva ley (LOECE) que tras el recurso del PSOE, el golpe de Estado del 23 F y la consiguiente victoria electoral del PSOE, nunca llegó a entrar en vigor. En el año 1985, el PSOE puso en marcha la LODE, que incorporó el sistema de conciertos. En 1990, el PSOE liquida la LGE e implanta  la LOGSE dando más competencias a las comunidades autónomas. Cinco años después, el PSOE puso en marcha la LOPEG, conocida como Ley Pertierra, que contó con la oposición del profesorado. Estando en el gobierno José María Aznar, año 2002, elaboró una ley conocida como LOE que nunca llegó aplicarse, porque en el 2004, con Rodríguez Zapatero en el gobierno, la paralizó. Este último, en el 2006, elaboró la Ley Orgánica de Educación (llamada LOE) muy criticada por la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y porque se consideraba que era menos exigente académicamente ya que no tenía en cuenta el mérito y el esfuerzo.

Y ahora mismo nos encontramos con la LOMCE, que se aprobó en el año 2013, también llamada Ley Wert, con los votos del PP. Esta semana hemos conocido que en el Congreso se votó la paralización del calendario de implantación de esta Ley. Dado el escenario político en el que nos encontramos, parece bastante difícil que no se comience su aplicación. En definitiva, esto arroja dos cuestiones importantes: la primera, que en algo más de 35 años solo el PSOE ha mandado e impuesto sus criterios en el régimen educativo, por lo que se deduce que algo tiene de responsabilidad en sus carencias y en la imposibilidad de cambiar el tan cacareado sistema productivo; y segundo, que nuestros representantes políticos han dado suficientes muestras de incapacidad para llegar al consenso y no someter, algo tan crucial para el desarrollo de un país como la educación, a las trincheras ideológicas.

La gran mayoría de nuestros representantes políticos no tienen conocimientos suficientes para desarrollar un proyecto de ley que dé continuidad y sostenibilidad en el tiempo al sistema educativo. Precisamente ellos son los responsables de que no exista consenso en algo tan importante para la sociedad. Desconfían de aquellos que sí son expertos en la materia. Deberíamos ir a un trabajo técnico, desnudo de connotaciones ideológicas, y después dejar autonomía verdadera de funcionamiento a los centros, los cuales enriquezcan el proyecto básico con una oferta educativa que responda al tipo de educación que demandan las familias. El Estado y los distintos agentes intervinientes han de garantizar el acceso universal a la educación pero sin violar ni imponer un proyecto educativo determinado. Son los padres los primeros y únicos competentes para decidir el modelo de educación que desean para sus hijos.